Imagen tomada de © Juan Barreto / AFP
PhD. Marcela J. Magallanes Montoya, docente de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales*
La situación que vive hoy en día Venezuela gira en torno a la esperanza y la incertidumbre. Entender lo que ha pasado y lo que está pasando en estos momentos requiere conectar tres planos: el deterioro interno de más de una década de la democracia, el sufrimiento social acumulado y el impacto nacional e internacional de la operación militar hecha por Estados Unidos para capturar y extraditar a Nicolás Maduro y a su esposa hacia territorio estadounidense.
Venezuela, con el pasar del siglo XXI, pasó de ser una democracia con tensiones a un régimen autoritario que controlaba casi todos los poderes del Estado: la Asamblea Nacional fue cooptada, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral quedaron alineados con el Ejecutivo, y se criminalizó sistemáticamente la oposición y la sociedad civil. A esto se suma lo sucedido en las elecciones del 2024, que marcó otro de los puntos de quiebre más importantes del país donde según múltiples evidencias y análisis independientes (nacionales e internacionales) identificaron y señalaron un fraude masivo que habría despojado de la victoria al candidato opositor Edmundo González para mantener a Maduro en el poder. Reforzando aún más la percepción de que, para buena parte de la sociedad, la vía democrática interna libre y justa, no era una opción, y que las urnas, seguían siendo una fachada para legitimar el poder del oficialismo.
Pero ese poder no se ha sostenido solo con falsa democracia, también crearon un andamiaje legal y coercitivo que buscó disciplinar a la población. Los estados de excepción, las normas de “alarma” y otras leyes especiales permitieron restringir los derechos de la población y militarizar la gestión del orden público, especialmente frente a las protestas sociales.
Instrumentos como la “Ley contra el Odio” y la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela” de 2024, se utilizaban para perseguir y castigar voces críticas o vinculadas a la oposición, bajo acusaciones de incitación, traición o apoyo al “bloqueo”. En la práctica, esto provocó un miedo muy concreto donde muchos venezolanos dentro del país, e incluso en el exterior, prefirieron ser discretos para no expresar abiertamente su alegría por la salida de Maduro, temiendo represalias directas o indirectas contra ellos mismos y sus familiares.
En paralelo, el país sigue viviendo una crisis económica y social, porque pese a la intervención hecha por Trump, la combinación de años de mala gestión, corrupción, sanciones, caída de la producción petrolera y desinversión, produjo una pobreza generalizada, el deterioro de servicios básicos y un retroceso histórico en calidad de vida, que llevará un buen tiempo recuperar, especialmente cuando el país sigue co-gobernado por los mismos que han estado en el poder durante las dos últimas décadas y media.
Por ello, aunque la captura de Maduro se ha vivido como una esperanza de cambio, la posibilidad de reconstruir instituciones, estabilizar la economía y, sobre todo, volver a ser un país seguro y libre sigue estando a la expectativa.
Ahora, analicemos otro lado de lo sucedido este año. La acción militar de Estados Unidos rompe de forma frontal el principio de soberanía y no intervención que rige el derecho internacional. No hubo autorización del Consejo de Seguridad ni consentimiento explícito del Estado afectado, por lo que múltiples actores la califican como una intervención unilateral e incompatible con la Carta de la las Naciones Unidas. Y a esto se suma la forma en que el propio presidente Trump ha justificado la operación en la protección y proyección de los intereses petroleros de Estados Unidos en la región al mencionar y dirigir de manera explícita las inversiones petroleras en Venezuela, reforzando la percepción de que la motivación de la intervención tenía un componente principalmente de cálculo económico y geopolítico.
Y es aquí donde aparece la gran paradoja: muchos venezolanos ven en esta operación el único paso efectivo que, hasta ahora, ha logrado remover a un gobernante que había bloqueado cualquier salida democrática, pero, al mismo tiempo, se genera un precedente intervencionista, que si se normaliza que una potencia entre a otro país para capturar a un líder –sea dictador o no–, otros actores podrían alegar razones “justificadas” de cualquier tipo para intervenir en conflictos, como en los casos de Rusia en Ucrania o China en Taiwán.
Por ello, el debate internacional se sitúa entre dos principios en tensión. Por un lado, la comunidad internacional lleva años recibiendo pruebas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, sin lograr articular una respuesta eficaz y real que protegiera realmente a la población. Y, por otro lado, aceptar intervenciones militares unilaterales como la sucedida, abre la puerta a un orden internacional más inestable, donde la fuerza sustituye al derecho, y la “Responsabilidad de proteger” (R2P) puede ser instrumentalizada según intereses geopolíticos.
De esta manera vemos cómo Venezuela hoy, sigue siendo un laboratorio de las tensiones de todo lo sucedido en este último siglo que va desde soberanía, derechos humanos y represión. La mayoría de venezolanos, agotados por años de autoritarismo y crisis, sienten esperanza ante la captura de Maduro, pero el mundo observa con inquietud el modo en que se ha producido, consciente de que la esperanza para los venezolanos pudo debilitar, aún más, las reglas que en teoría, deberían proteger y garantizar la estabilidad de los Estados.
*Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente el pensamiento ni la postura institucional de la Universidad Santo Tomás.