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Paola Consuelo Ramos Martínez, directora de Género e Inclusión Multicampus*
Entre votar y botar hay apenas una letra, pero también un abismo político. No es solo un juego de palabras: es una forma incómoda, aunque precisa, de nombrar lo que ocurre cuando un derecho existe en el papel, pero en la práctica se vuelve confuso, fatigante, excluyente o excesivamente difícil de ejercer. Cuando el sistema enreda, satura, desorienta o no enseña, el voto corre el riesgo de degradarse. Deja de sentirse como una herramienta plena de ciudadanía y empieza a parecerse a algo que se pierde entre obstáculos, algo que se desperdicia entre errores posibles, algo que termina casi arrojado al cansancio institucional.
Y acaso allí aparece una ironía todavía más áspera. Entre derecho y desecho no hay tanta distancia como una democracia quisiera admitir. A veces basta una letra simbólica: la “s” de sistema. La s de un sistema que proclama participación, pero no siempre la hace sencilla. La s de una estructura que promete inclusión, pero no logra garantizarla de manera homogénea. La s de una democracia que abre urnas, sí, pero que todavía no consigue hacer del voto una experiencia verdaderamente comprensible, accesible y digna para todas las personas.
Por eso, más allá de las afinidades políticas, del reparto de curules y de la discusión coyuntural sobre los resultados, la pregunta más importante que dejan las elecciones legislativas de 2026 no es solo quién ganó. La pregunta de fondo es otra: ¿por qué en Colombia votar sigue siendo tan difícil para tanta gente?
El 8 de marzo de 2026 estaban habilitados para votar 41.287.084 ciudadanos. Para esa jornada se instalaron 13.746 puestos de votación y 125.259 mesas, y compitieron 3.081 candidatos agrupados en 517 listas para elegir 102 senadores y 181 representantes a la Cámara. El solo diseño de la elección ya revelaba una verdad incómoda: la democracia colombiana no llega al elector en forma de experiencia simple, sino como una arquitectura densa, numérica y muchas veces poco amable con la comprensión ciudadana.
El dato más inquietante no fue únicamente la realización de la jornada, sino su alcance real. Con 20.375.837 votos para Senado en el preconteo con el 98,88 % de las mesas informadas, la participación rondó el 49,35 % del censo electoral. Es decir: más de la mitad del país no votó. La abstención bajó frente a 2022, pero siguió por encima del 50 %. Eso no es un detalle técnico ni una anécdota electoral. Es una señal de fragilidad democrática.
Y ahí está el núcleo del problema. En Colombia no basta con que el voto exista; tiene que poder ejercerse sin que parezca una carrera de obstáculos. Porque votar sigue siendo difícil para la persona común. Difícil por la cantidad de listas, logos, números, reglas y consultas. Difícil porque el tarjetón no siempre orienta: a veces abruma. Difícil porque la experiencia electoral parece diseñada para quien ya maneja la lógica interna del sistema, no para quien llega a ejercer un derecho desde la vida cotidiana. Difícil porque el exceso de oferta política, sin suficiente claridad pedagógica, puede terminar produciendo el efecto contrario al que promete: menos autonomía y más desorientación.
Por ello, resulta demasiado cómodo reducir la abstención a apatía. Esa explicación descarga toda la responsabilidad sobre el ciudadano y absuelve demasiado rápido al diseño institucional. Pero una democracia seria debería hacerse una pregunta más exigente: ¿cuánto del abstencionismo no expresa desinterés, sino cansancio, desconexión, complejidad excesiva y una experiencia de voto poco amigable? Cuando participar exige demasiado, la falla deja de ser exclusivamente individual. También es sistémica.
Y en ese análisis hay un punto que no puede seguir tratándose como marginal: la accesibilidad real de las elecciones. La discusión sobre participación no puede reducirse al número de personas que llegan a las urnas; también debe incluir las condiciones en que ese derecho se ejerce. Una democracia no se vuelve plenamente incluyente solo porque habilite formalmente el voto. También debe garantizar que el acceso a los puestos, la circulación dentro de ellos, la orientación, la información y la comprensión del proceso sean efectivamente posibles para todas las personas. La propia Registraduría reconoció esa obligación en su protocolo para las elecciones de 2026, al establecer que el proceso debía garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad bajo principios de accesibilidad universal, igualdad sustantiva, autonomía, dignidad humana y no discriminación, y al ordenar la eliminación de barreras físicas, actitudinales y comunicativas.
Por eso, cuando se habla de elecciones inclusivas, no basta con repetir que el voto es formalmente universal. La pregunta relevante es otra: ¿puede toda persona votar con autonomía, comprensión, orientación y dignidad? Porque una elección no se vuelve inclusiva solo porque abra la puerta. Se vuelve inclusiva cuando no obliga a algunas personas a entrar con desventaja.
Y aquí conviene hacer una precisión importante: la accesibilidad no es solo física, aunque también lo sea. No se reduce a rampas, ingresos o desplazamientos dentro del puesto de votación. Existe también una accesibilidad pedagógica y comunicativa, que en Colombia sigue siendo muy frágil. Un sistema electoral es poco accesible cuando la información no es clara, cuando el tarjetón no resulta intuitivo, cuando la señalización no orienta, cuando el procedimiento depende demasiado de terceros o cuando el elector siente que puede equivocarse fácilmente y perder su voto en un error de marcación o de comprensión.
En otras palabras, no basta con poder llegar al puesto de votación; hay que poder entender qué hacer allí.
En este punto, Colombia mantiene una deuda estructural. La Constitución establece la obligatoriedad del estudio de la Carta Política y de la instrucción cívica, así como el fomento de prácticas democráticas en las instituciones educativas. Sin embargo, entre ese mandato y la experiencia real hay una brecha evidente. Seguimos hablando de ciudadanía en términos abstractos, pero no necesariamente enseñamos cómo funciona de verdad el Congreso, qué diferencia al Senado de la Cámara, cómo se lee un tarjetón, qué significa una lista, qué errores anulan un sufragio o por qué las elecciones legislativas afectan la vida diaria de la gente. La democracia se invoca mucho, pero se enseña poco en su operación real.
Entonces la pregunta de fondo no es solo por qué tanta gente no votó en 2026. La pregunta es por qué seguimos aceptando como normal que votar sea tan difícil. Difícil para quien no domina la gramática electoral. Difícil para quien enfrenta barreras físicas. Difícil para quien necesita apoyos de información y orientación. Difícil para quien jamás recibió verdadera pedagogía democrática. Difícil, en fin, para la gente común.
Y aquí aparece una pregunta todavía más incómoda: ¿lo que tenemos es democracia plena o apenas legalidad electoral? Porque sí, hay elecciones. Sí, hay votos. Sí, hay resultados válidos. Pero una democracia no se agota en la existencia formal de una jornada electoral. También exige participación suficientemente amplia, comprensión real del proceso, condiciones materiales de acceso y confianza ciudadana en que el voto puede ejercerse sin barreras excesivas.
Dicho de otro modo, una elección puede ser legal sin ser plenamente legitimadora. Puede cumplir las formas, respetar el procedimiento, producir autoridades válidamente proclamadas y, aun así, dejar abierta una inquietud de fondo sobre la densidad democrática de esa decisión. Cuando más de la mitad de la ciudadanía se abstiene, cuando votar sigue siendo confuso para muchas personas y cuando la accesibilidad real continúa siendo desigual, la pregunta ya no es solo si la elección fue válida, sino qué tan robusta es su legitimidad democrática.
No se trata de negar la validez jurídica de los resultados ni de desconocer las reglas del juego. Se trata de advertir algo más inquietante: una democracia puede empezar a vaciarse sin dejar de funcionar formalmente. Puede conservar sus rituales, sus procedimientos y sus autoridades electas, pero debilitar su capacidad de convocar, incluir y representar de manera efectiva. Y allí el problema deja de ser meramente electoral; se vuelve estructural.
Por eso, el gran debate después de las legislativas de 2026 no debería limitarse a la contabilización de votos o a la proclamación de resultados. El debate serio debería ser este: si más de la mitad del país sigue sin votar y si para muchas personas votar continúa siendo enredado, poco pedagógico o poco accesible, entonces el problema no está solo en la ciudadanía. También está, y de manera profunda, en el sistema.
Porque una urna abierta no resuelve por sí sola el problema democrático, sobre todo cuando llegar a ella, entenderla y ejercer el voto sigue siendo tan difícil.
Y allí el título deja de ser un artificio para convertirse en tesis. Porque entre votar y botar hay apenas una letra, sí, pero también una forma de fracaso institucional. Cuando el sistema no simplifica, no enseña, no orienta y no elimina barreras, el derecho al voto corre el riesgo de volverse residuo democrático: algo que existe en el papel, pero se desgasta en la experiencia; algo que se proclama como universal, pero se ejerce de manera desigual; algo que debería empoderar, pero que demasiadas veces termina pareciendo descarte.
Una democracia madura no se mide solo por abrir urnas y contar votos. Se mide por su capacidad de hacer del voto una experiencia realmente posible, comprensible y digna para todas las personas. Mientras eso no ocurra, Colombia seguirá teniendo elecciones legales, sí, pero no necesariamente una democracia suficientemente viva.
Y ese es, quizás, el dato más inquietante de todos.
*Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente el pensamiento ni la postura institucional de la Universidad Santo Tomás.