Nota editorial* de Fabio Alejandro Bastidas Mahecha
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En el marco de las manifestaciones de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo de 2024, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, indicó que las relaciones diplomáticas, es decir, el reconocimiento político entre Estados, se rompen por parte de Colombia, expresando motivos humanitarios al calificar de “genocidio” las acciones de las tropas israelíes en el territorio de Palestina, específicamente en la Franja de Gaza.
El rompimiento de relaciones implica el retiro de las misiones diplomáticas establecidas en ambos territorios, garantizando en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas el respeto por los locales de la misión, bienes y archivos del mismo, así como la garantía de integridad de las personas pertenecientes a la misión que deben abandonar el territorio. Todo lo anterior se hace de manera oficial con nota verbal o escrita por parte de la cancillería del Estado receptor hacia el jefe de la misión del Estado acreditante.
De acuerdo a esto, la decisión colombiana genera un impacto dentro de la diplomacia, atendiendo que la tradición de este país ha sido la de ser garante de las normas del Derecho Internacional, en procura de una relación pacífica con otros Estados, y para el caso particular, apostando por la consolidación de la paz en Medio Oriente. Prueba de ello es que el Estado colombiano reconoce políticamente a Israel y a Palestina como Estados coexistentes en esta región; sin embargo, la formalización del rompimiento indica un claro apoyo a las acciones palestinas, pero más a fondo, a las acciones de los grupos armados que se encuentran en ataque a la ofensiva israelí, que técnicamente no representan al Gobierno palestino, sino que son catalogados por gran parte de la comunidad internacional como “terroristas”.
Esto último pone en juego, a vista de la comunidad internacional, el papel de Colombia como garante de la legalidad en los asuntos internacionales, ya que fue apoyada la decisión del Gobierno por parte de estos grupos armados, que no necesariamente representan al Gobierno palestino.
En los últimos tiempos, Colombia ha venido generando una serie de acciones y declaraciones que claramente buscan un liderazgo y posicionamiento en la comunidad internacional, y más en asuntos que tengan una sensibilidad con los lazos estadounidenses, como aliados estratégicos de Israel.
Tal como lo ha venido manifestando el Gobierno Nacional, esta situación marca el desligarse dentro del ámbito político de la influencia norteamericana en las acciones de comportamiento de postura internacional por parte de Colombia; visto esto como un paso para consolidar protagonismo y reconocimiento en oposición ante las posturas de Estados Unidos, situación que generará un efecto para Colombia, y mucho más en un año electoral dentro de la Federación.
Esta decisión, que se instaura como un comportamiento soberano del Estado colombiano, genera un impacto negativo visto desde la posición de Israel, al establecer en sus declaraciones que el Gobierno colombiano apoya las acciones de los grupos terroristas islámicos que, desde su visión, han venido generando delitos atroces contra el pueblo israelí, y que claramente es un respaldo a las acciones bélicas que se realizan desde Palestina en contra de los soldados de Israel. La herencia del antisemitismo se ha vuelto a establecer, según la cancillería Israelí, por parte del presidente colombiano, y sabemos qué tanto pesa en los judíos este concepto.
Sin embargo, más allá de las posiciones, y del claro prestigio con el que los Estados juegan para ser reconocidos y poder “sobrevivir” en el escenario internacional, es importante como Estado analizar las implicaciones que a nivel interno se comenzarán a sentir con un fondo mucho más simbólico en pro del liderazgo y protagonismo internacional. Esto se revisa aún más con la postura de los gobiernos latinoamericanos de izquierda, que han sido más prudentes –valor y principio fundamental para las relaciones entre Estados- en cuanto a las relaciones con Israel, ya que consideran que dentro del contexto internacional es importante mantener un canal de comunicación con el Estado Judío, sin establecer que puedan generarse declaraciones en contra de las acciones bélicas en este territorio.
En concordancia, las afectaciones para Colombia en el ámbito de cooperación militar tienen que ver con la pérdida de apoyo por parte de Israel en términos de industria militar y acciones de capacitación en inteligencia para contrarrestar las amenazas internas por efecto del conflicto. El apoyo en términos de seguridad por parte de Israel es fundamental para Colombia, en tanto se fortalece la infraestructura militar. Esto, visto desde una posición mucho más consensuada, afecta uno de los intereses nacionales de cualquier Estado: la condición de bienestar y seguridad para su población; es decir, por la acción “soberana” del Jefe de Estado se pone en riesgo la salvaguarda de las acciones de seguridad en términos militares, y más aún, ante las desastrosas acciones que se vienen presentado por parte de grupos irregulares.
Es de entender que el Gobierno debe actuar en nombre del Estado, con acciones que se equilibren para la consecución y salvaguarda de su integridad. Según el diario El Espectador: “Israel es uno de los principales aliados en materia de seguridad para Colombia. De acuerdo con cifras del DANE, en enero Colombia importó US$351.000 en armas y municiones desde Israel. Para 2023 fueron US$90,3 millones (1 de mayo, 2024).
De igual manera, aunque este quizás es el mayor efecto, no hay que olvidar las acciones comerciales que se fortalecieron con la firma del TLC con Israel desde el año 2020; aunque el rompimiento de las relaciones diplomáticas afecta los reconocimientos políticos, no se afecta de primer momento el aspecto comercial; sin embargo se está en riesgo de suspender cualquier acción comercial de exportaciones e importaciones, generando una gran afectación al consumo interno y ganancias de divisas por las ventas, siendo así latente y real el crecimiento de la tensión, que repercute los intereses nacionales de Colombia, donde claramente las cifras determinan que es más lo que se vende que lo que se compra.
La decisión establece una ruptura hecha por un Gobierno, que puede verse como momentánea y coyuntural, lo que ocasionaría una mayor división interna en la población, pero que además preocuparía a la población judía en Colombia que, aunque no se afectan las relaciones consulares, es decir la protección mutua de nacionales en cada territorio, sí genera zozobra y quizás, un sentimiento de “desprotección” para ambas poblaciones.
En la coyuntura del conflicto en esta región de Oriente Medio y en su postura actual de protagonismo, Colombia quizás liderando con sus actuaciones lo que otros Estados quisieran hacer, pero lo que no se tiene en cuenta es que la permanencia del Estado sigue, a pesar de los cambios gubernamentales, y que los efectos por acción de nuestro mismo comportamiento histórico no solamente van a venir por parte de Israel, sino por parte de los estadounidenses y los europeos, que condenan el conflicto pero no tildan tan fácilmente a un gobierno de “genocida”.
La diplomacia garantiza las buenas relaciones, que se deben pensar no para un momento presente, sino para la garantía del Estado en el largo plazo. No se deben apoyar las acciones bélicas en contra de la población civil, pero también se debe pensar que las acciones políticas recaerán en efectos que se sentirán con la garantía del establecimiento de los mismos intereses nacionales del Estado colombiano.
*La opinión expresada en el presente artículo es responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Universidad Santo Tomás.