El nombramiento en Albania de Diella, la primera ministra de inteligencia artificial del mundo, marca un precedente histórico en la relación entre tecnología y política. El sistema, creado con el objetivo de supervisar los procesos de contratación pública, busca garantizar mayor transparencia y erradicar la corrupción, uno de los problemas más persistentes en la región.
La decisión ha despertado un debate global: ¿hasta qué punto pueden y deben los sistemas de IA asumir funciones de gobierno? Entre los posibles beneficios destacan la reducción de la discrecionalidad en la toma de decisiones, la agilización de trámites burocráticos y la detección temprana de irregularidades.
No obstante, expertos advierten de importantes desafíos. La responsabilidad legal en caso de errores, la necesidad de auditar los algoritmos y la protección de los datos ciudadanos son cuestiones aún sin resolver. Además, el riesgo de sesgos y la falta de aceptación social podrían limitar el alcance de iniciativas similares en otros países.
Albania se convierte así en un laboratorio político y tecnológico cuya experiencia será observada con atención por gobiernos de todo el mundo. Lo que ocurra con Diella podría definir si la inteligencia artificial se consolida como un aliado en la gestión pública o si sus limitaciones demuestran que la política sigue necesitando un componente humano insustituible.