PhD. Marcela J. Magallanes Montoya - Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales
El lamentable atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay no solo representa una amenaza directa a la integridad personal de un colombiano, también constituye un síntoma preocupante de las tensiones estructurales que atraviesa la democracia en Colombia. Desde una perspectiva analítica y académica, este hecho interpela la estabilidad institucional y el derecho fundamental a la participación política en condiciones básicas de seguridad, garantizado por nuestra Constitución. Cuando un actor político es atacado en el ejercicio de su legítima aspiración electoral, no solo se agrede a una persona, sino también a un pilar esencial de la democracia.
Este grave hecho sucede en una dinámica más amplia de violencia que ha acompañado a Colombia a lo largo de su historia. Pese a los diferentes avances que se han hecho y se siguen intentando en la consolidación de escenarios de diálogo y desmovilización armada, aún persisten lógicas de exclusión, estigmatización y uso de la violencia como mecanismo de presión o eliminación de cualquier persona que pueda ser vista como un adversario.
En relaciones internacionales, este tipo de sucesos proyecta también señales preocupantes para la comunidad internacional respecto a las garantías electorales y el Estado de derecho en el país. La violencia contra figuras políticas —especialmente en contextos preelectorales— pone en riesgo la legitimidad de los procesos democráticos y puede erosionar la confianza a nivel interno y externo en las instituciones colombianas, tal como está sucediendo, donde los líderes políticos acuden a instancias como la Procuraduría para activar la Comisión de Garantías Electorales en reemplazo del Jefe de Estado como garante del proceso electoral.
Es crucial, por tanto, no solo fortalecer los mecanismos de prevención, protección y judicialización frente a cualquier acto que amenace la libre participación política, también la seguridad general del país, donde las olas de violencia continúan tanto en los pueblos como en las grandes ciudades. La respuesta del Estado no debe limitarse a la condena del atentado ni a la protección personal del precandidato afectado. Se requiere una política integral de seguridad para las lideresas y los líderes políticos, sociales y comunitarios, contemplando esquemas de protección física, medidas preventivas, educativas y simbólicas que desnormalicen la violencia como instrumento político.
En el contexto mundial que vivimos, marcado por la polarización y el debilitamiento de la democracia, Colombia está llamada a demostrar que sí es posible construir una cultura política basada en el respeto, la deliberación y la diferencia. Porque proteger la vida y la participación de quienes piensan distinto es, en última instancia, proteger la democracia misma.