El gobierno chino ha decidido incrementar aún más el control sobre los creadores de contenido digital. A partir de este año, cualquiera que quiera opinar o dar consejos sobre temas como medicina, finanzas, derecho, educación o asuntos militares deberá demostrar que cuenta con un título universitario o una certificación profesional reconocida.
Las nuevas disposiciones, impulsadas por la Administración del Ciberespacio de China (CAC) y la Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA), buscan proteger a los ciudadanos de información errónea, diagnósticos falsos y recomendaciones sin fundamento, especialmente ante el rápido avance de la inteligencia artificial. Aunque las regulaciones comenzaron a aplicarse en 2022, en 2026 se han endurecido significativamente. Plataformas como Douyin (la versión china de TikTok), Weibo y Bilibili ya exigen la verificación oficial de diplomas antes de permitir que los usuarios publiquen contenido especializado.
Las sanciones por incumplimiento son severas: multas que pueden alcanzar los 100.000 yuanes (alrededor de 14.000 dólares o más de 50 millones de pesos colombianos), eliminación de videos, bloqueo definitivo de la cuenta y la pérdida total de ingresos por monetización.
¿Qué está prohibido?
Las autoridades no solo exigen credenciales académicas, sino que mantienen una extensa lista de contenidos vetados con el objetivo de preservar la estabilidad social y los valores nacionales. Entre las principales prohibiciones se encuentran:
La actualización del Código de Conducta para Transmisores en Vivo incluye varias exigencias específicas para enfrentar el auge de la IA:
Aunque estas medidas han sido criticadas por limitar la libertad de expresión, el gobierno chino las defiende como una herramienta necesaria para combatir la desinformación y proteger a la población, especialmente en un contexto donde la IA hace cada vez más difícil distinguir entre contenido real y generado artificialmente.
¿Lección para Colombia?
Ante el creciente poder de las redes sociales y la inteligencia artificial en la difusión de información, surge la pregunta: ¿Debería Colombia estudiar y adaptar algunas de estas medidas para proteger a sus ciudadanos de engaños y contenidos irresponsables? Esta es una reflexión que cada vez gana más fuerza en los círculos académicos y regulatorios del país.